El gigante Obama tiene una gallina de huevos de oro. La creo con los fondos ARRA. ARRA en Puerto Rico equivale a una ATH gratuita de grandes intereses. Estos fondos son para beneficiar el ambiente, pero sabemos, como todo, que el poder y el dinero corrompe. Han puesto a CSA, la firma de ingenieros locales mejor parada en estos momentos a decidir en que gastar los chavos, a quien le dan los chavos y a que practicamente se autofiscalizan. Que mamey!!! Y debemos estar contentos porque ellos gestionaron mas chavos. No quiero hablar mas del tema, puesto que tengo amistades y contactos de a/nos en esta corporacion...y porque tengo fe en que se va a hacer lo correcto. Solo menciono el tema para que los detectives del quinto poder enfilen ca/nones antes de que esto pase al olvido. Quizas en otro momento aporte mi vision parcializada de lo que esta pasando, cuestion de que el que investigue esto sea alguien de afuera. No vaya a ser que alguien piense que estoy saboteando a CSA.
So, que hacer...voy a listar estas dos noticias publicadas en El Vocero de hoy (antes que le den picota) y lo que han dicho otros en la web:http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100412100957AAPNuqZ
http://www.vocero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3470:csa-casi-una-agencia-del-gobierno&catid=52:locales&Itemid=94
Por Beatriz de la Torre, EL VOCERO Lunes 12 de Abril de 2010 04:00
José Ortiz. Foto EL VOCERO/ArchivoCon la entrada de los fondos ARRA en el panorama económico de Puerto Rico, la firma CSA ha dejado de ser un mero contratista y se ha convertido en el equivalente de una nueva agencia gubernamental con aparente control de quién recibe qué, cómo y cuándo.
"En el principio de ARRA, CSA hizo una decisión estratégica de invertir capital humano y de investigación en fomentar su habilidad en el campo de Manejo de Programas para establecer las mejores prácticas esenciales para ejecutar y proveer con éxito tal monumental encomienda", informa la empresa en su página electrónica donde se describe como parte integral del programa de Estimulo Económico en Puerto Rico y, en menor grado, en la Florida.
Para José F. Ortiz Vázquez, presidente de la Junta Interagencial ARRA en Puerto Rico, la empresa es la clave del éxito que ha tenido el Gobierno en recabar más fondos de lo anticipado. "El año pasado se hablaba de $5,000 millones y se han conseguido $6,491 millones. Todo lo que CSA ha hecho es ayudarnos a traer más fondos con una inversión mínima", aseguró Ortiz.
La lista de lo que se supone que CSA haga para AFI es larga. Operando con lo que la compañía define como cuatro unidades distintas pero interrelacionadas -administración, operaciones, servicios tecnológicos y cumplimiento - CSA ha jugando un rol clave en todas las fases del programa ARRA, incluyendo la rehabilitación de las escuelas, la solicitud de fondos, el entrenamiento de empleados públicos y la supervisión de las distintas agencias una vez que han recibido los fondos, entre otros.
La descripción de tareas da cuenta de que CSA también tiene a su cargo las comunicaciones relacionadas con ARRA, incluyendo la información que se divulga a la Prensa, y otros.
Un aspecto singular de los acuerdos de AFI es que CSA parece ser el principal filtro, enlace y punto de contacto con los demás contratistas que trabajan o pretenden trabajar con el Programa de Estímulo. Entre estos subcontratistas, por ejemplo, aparentemente caen los auditores externos del programa -Torres Llompart, Sánchez Ruíz LLP, quienes no aparecen en la Oficina del Contralor como trabajando para AFI, pero que en los contratos de CSA figuran como los encargados de fiscalizar los recursos.
Este, aparentemente, inocuo arreglo, sin embargo, crea un problema de transparencia ya que los trabajos y honorarios de estos subcontratistas se convierten en acuerdos privados y no están sujetos a escrutinio público. El velo de secretividad se hace aún más evidente con una cláusula de confidencialidad donde CSA se compromete a no divulgar ningún detalle de sus tareas para AFI.
A la pregunta de si tal confidencialidad no es una violación de las leyes federales de libertad de información pública, Ortiz Vázquez rechazó que ese sea el caso. Todo lo contrario, dijo, explicando que es simplemente una medida para que AFI se asegure de que no surjan posibles conflictos de interés o ventajas indebidas al tener la empresa y sus subcontratistas información privilegiada del gobierno.
Más complicada es la situación, por ejemplo, de los asesores legales de AFI, Pietrantoni, Méndez & Álvarez. El 30 de septiembre, AFI le aprobó a este bufete una orden "de emergencia" con la cual el Gobierno le pagó, retroactivamente, unos $124,000 por servicios rendidos de febrero al 2 de julio de 2009 para el programa de estímulo económico. Estos servicios incluyeron reescribir la ley que hasta entonces regía AFI para extender sus funciones más allá del desarrollo de la infraestructura.
Luego, el 3 de julio AFI le otorgó un contrato en propiedad de un año por $306,000 para trabajos legales relacionados con el manejo de los programas ARRA.
http://www.vocero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3467:en-manos-privadas-los-fondos-arra&catid=50:news
En manos privadas los fondos ARRA
Por Beatriz de la Torre, EL VOCERO Lunes 12 de Abril de 2010 04:00
José Oritz, Presidente de la Junta de los fondos ARRA. Foto EL VOCERO/Archivo
En lo que la administración reduce la nómina gubernamental, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), calladamente le ha traspasado el manejo, control y supervisión de miles de millones de dólares de fondos ARRA a CSA Architects & Engineers Inc., empresa que en menos de una década ha recibido más de $272 millones en unos 300 contratos con el Gobierno.
Tanto en los acuerdos con AFI como en una entrevista de EL VOCERO con el presidente de la Junta Interagencial a cargo de los fondos asignados a la Isla bajo la Ley de Recuperación y Reinversión Económica federal (ARRA por sus siglas en inglés), el Ing. José F. Ortiz Vázquez, la empresa es alabada como una firma con una pericia extraordinaria para administrar el programa de asistencia de mayor envergadura en décadas. Tal pericia, aseguró Ortiz, quien también preside la junta de directores de AFI y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)ó le ha permitido a Puerto Rico recabar más fondos ARRA de los esperados. Hasta ahora la Administración Obama ha comprometido $6,491 millones en fondos ARRA para la Isla, de los cuales sólo se ha recibido hasta ahora el 7%, según reportó este diario recientemente, citando un informe del Gobierno federal.
Una costosa "herramienta"
"AFI está a cargo. CSA es una herramienta", aseguró Ortiz, quien a preguntas de EL VOCERO confirmó que el rol de la empresa en el programa de Estímulo Económico abarca lo que se conoce en términos de la burocracia federal como "desde la cuna al féretro". Esto quiere decir que tiene injerencia en todo el proceso de solicitar, obtener, subcontratar y fiscalizar el uso de estos dineros, tanto por el gobierno central como por los municipios.
En este abarcador esfuerzo, CSA dice en sus contratos que tiene trabajando 77 empleados con compensaciones que van desde $50 por hora para una ayudante administrativa, a $205 la hora para un "administrador de programa" como el ex director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Jorge L. Dávila. Una semana de labores a tiempo completo de cada uno de los varios administradores de programa ARRA de CSA equivalen al salario de unos tres meses de un maestro o de un policía.
Aún así, en entrevista con EL VOCERO, Ortiz negó que la actual administración haya pasado a manos privadas el manejo de una de las más importantes ayudas con las que cuenta la Isla para combatir la recesión. "Es una consolidación", insiste Ortiz, "no una privatización. Todas las agencias, excepto la Administración de Asuntos de Energía, están haciendo el manejo de sus propios fondos".
Pero, un examen de EL VOCERO de los varios acuerdos entre CSA y AFI, agencia que oficialmente se supone sea la encargada de administrar y fiscalizar los dineros del programa de estímulo económico federal, encontró abarcador es realmente el rol de la empresa, así como múltiples irregularidades que plagan los acuerdos oficiales.
Contratos de emergencia
Los problemas comienzan con la concesión retroactiva de un primer contrato "de emergencia" en junio del año pasado, cuando la firma supuestamente ya llevaba trabajando para AFI varios meses. Tal irregularidad es admitida por AFI como una falla, pero justificada como necesaria. "Los servicios obtenidos por AFI de CSA en aquel momento eran de emergencia por su naturaleza y necesitaban proveerse rápidamente. De lo contrario los fondos federales se hubiesen perdido. Dado que la Junta de Directores de AFI no pudo considerar y aprobar un contrato final por escrito, CSA proveyó sus servicios desde Marzo 13 al 25 de junio del 2009 a medida que se le fue requiriendo por AFI", reza la cuarta revisión del contrato. Esta enmienda tiene fecha del 20 de agosto de 2009.
La misma enmienda, simultáneamente, explica que el 12 de junio del año pasado ó poco más de dos semanas antes de que AFI firmara el primer acuerdo retroactivo ó el Secretario de Justicia había emitido una carta circular, la #2009ó004, "impidiendo que las agencias gubernamentales entraran en cualquier contrato retroactivo y requiriendo su registro en la Oficina del Contralor".
Pero, según AFI, la orden de Justicia dejó una claúsula de escape cuando estableció también guías para ejecutar acuerdos de pago por servicios rendidos sin que exista un contrato formal. De nuevo, AFI hizo hincapié en que la Isla habría perdido fondos ARRA de haber actuado como le requiere la ley y los reglamentos.
Lo que no se aclaró en ninguno de los contratos ni la entrevista con Ortiz es cual fue la razón de la supuesta emergencia, ya que la Ley ARRA estaba firmada por el Presidente Obama desde principios de febrero y aún antes de esa fecha se sabía que la Casa Blanca y el Congreso trabajaban en un programa de rescate económico.
De $14.1 millones a $28.4 millones y subiendo
Cuando se firma el primer contrato, el 2009-000335, AFI ya se había comprometido a pagarle a CSA $14.1 millones por sus servicios hasta el año 2011, cuando expira el Programa de Estímulo Económico. Esta suma ha ido aumentando, consistentemente, con las subsiguientes enmiendas y para enero de este año iba por $28.4 millones, de acuerdo con la séptima enmienda al contrato original.
La justificación de que se trataba de tareas de emergencia eliminó otro de los requisitos usuales con los que tienen que cumplir las agencias de gobierno o la celebración de una subasta pública para seleccionar al postor más bajo y mejor cualificado o al menos explorar varias opciones con el doble proceso de solicitar primero sus cualificaciones a una serie de empresas interesadas y luego, tras una eliminación preliminar, solicitarles propuestas específicas para escoger al contratista idóneo.
En este caso meramente la decisión se hizo basándose en la experiencia de los contratos previos. "La CSA ya estaba dentro de AFI", explicó Ortiz, haciendo referencia a que desde 1998 la compañía trabaja con AFI.
Otra característica peculiar de los contratos entre AFI y CSA es que establecen en su título que son por una "cantidad indefinida". Este término, sin embargo, es contrario a los requisitos establecidos por la Oficina del Contralor que exige que en todos los contratos del Gobierno se establezcan los deberes y cuantías antes de que el contratista comience a rendir sus servicios o a pagar por los mismos. De hecho, tras consultar con la división de legal del Contralor una portavoz de esa oficina le indicó a EL VOCERO que esta es la primera ocasión en que encuentran esta definición de "cantidad indefinida" en un contrato oficial.
Ortiz, sin embargo, insistió en que este es un arreglo común donde el Gobierno sabe que "voy a contratar y ya yo estipulé el costo por hora, pero no sé cuánto voy a necesitar las labores".
Happy hunting...
José Ortiz. Foto EL VOCERO/ArchivoCon la entrada de los fondos ARRA en el panorama económico de Puerto Rico, la firma CSA ha dejado de ser un mero contratista y se ha convertido en el equivalente de una nueva agencia gubernamental con aparente control de quién recibe qué, cómo y cuándo.
"En el principio de ARRA, CSA hizo una decisión estratégica de invertir capital humano y de investigación en fomentar su habilidad en el campo de Manejo de Programas para establecer las mejores prácticas esenciales para ejecutar y proveer con éxito tal monumental encomienda", informa la empresa en su página electrónica donde se describe como parte integral del programa de Estimulo Económico en Puerto Rico y, en menor grado, en la Florida.
Para José F. Ortiz Vázquez, presidente de la Junta Interagencial ARRA en Puerto Rico, la empresa es la clave del éxito que ha tenido el Gobierno en recabar más fondos de lo anticipado. "El año pasado se hablaba de $5,000 millones y se han conseguido $6,491 millones. Todo lo que CSA ha hecho es ayudarnos a traer más fondos con una inversión mínima", aseguró Ortiz.
La lista de lo que se supone que CSA haga para AFI es larga. Operando con lo que la compañía define como cuatro unidades distintas pero interrelacionadas -administración, operaciones, servicios tecnológicos y cumplimiento - CSA ha jugando un rol clave en todas las fases del programa ARRA, incluyendo la rehabilitación de las escuelas, la solicitud de fondos, el entrenamiento de empleados públicos y la supervisión de las distintas agencias una vez que han recibido los fondos, entre otros.
La descripción de tareas da cuenta de que CSA también tiene a su cargo las comunicaciones relacionadas con ARRA, incluyendo la información que se divulga a la Prensa, y otros.
Un aspecto singular de los acuerdos de AFI es que CSA parece ser el principal filtro, enlace y punto de contacto con los demás contratistas que trabajan o pretenden trabajar con el Programa de Estímulo. Entre estos subcontratistas, por ejemplo, aparentemente caen los auditores externos del programa -Torres Llompart, Sánchez Ruíz LLP, quienes no aparecen en la Oficina del Contralor como trabajando para AFI, pero que en los contratos de CSA figuran como los encargados de fiscalizar los recursos.
Este, aparentemente, inocuo arreglo, sin embargo, crea un problema de transparencia ya que los trabajos y honorarios de estos subcontratistas se convierten en acuerdos privados y no están sujetos a escrutinio público. El velo de secretividad se hace aún más evidente con una cláusula de confidencialidad donde CSA se compromete a no divulgar ningún detalle de sus tareas para AFI.
A la pregunta de si tal confidencialidad no es una violación de las leyes federales de libertad de información pública, Ortiz Vázquez rechazó que ese sea el caso. Todo lo contrario, dijo, explicando que es simplemente una medida para que AFI se asegure de que no surjan posibles conflictos de interés o ventajas indebidas al tener la empresa y sus subcontratistas información privilegiada del gobierno.
Más complicada es la situación, por ejemplo, de los asesores legales de AFI, Pietrantoni, Méndez & Álvarez. El 30 de septiembre, AFI le aprobó a este bufete una orden "de emergencia" con la cual el Gobierno le pagó, retroactivamente, unos $124,000 por servicios rendidos de febrero al 2 de julio de 2009 para el programa de estímulo económico. Estos servicios incluyeron reescribir la ley que hasta entonces regía AFI para extender sus funciones más allá del desarrollo de la infraestructura.
Luego, el 3 de julio AFI le otorgó un contrato en propiedad de un año por $306,000 para trabajos legales relacionados con el manejo de los programas ARRA.
http://www.vocero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3467:en-manos-privadas-los-fondos-arra&catid=50:news
En manos privadas los fondos ARRA
Por Beatriz de la Torre, EL VOCERO Lunes 12 de Abril de 2010 04:00
José Oritz, Presidente de la Junta de los fondos ARRA. Foto EL VOCERO/Archivo
En lo que la administración reduce la nómina gubernamental, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), calladamente le ha traspasado el manejo, control y supervisión de miles de millones de dólares de fondos ARRA a CSA Architects & Engineers Inc., empresa que en menos de una década ha recibido más de $272 millones en unos 300 contratos con el Gobierno.
Tanto en los acuerdos con AFI como en una entrevista de EL VOCERO con el presidente de la Junta Interagencial a cargo de los fondos asignados a la Isla bajo la Ley de Recuperación y Reinversión Económica federal (ARRA por sus siglas en inglés), el Ing. José F. Ortiz Vázquez, la empresa es alabada como una firma con una pericia extraordinaria para administrar el programa de asistencia de mayor envergadura en décadas. Tal pericia, aseguró Ortiz, quien también preside la junta de directores de AFI y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)ó le ha permitido a Puerto Rico recabar más fondos ARRA de los esperados. Hasta ahora la Administración Obama ha comprometido $6,491 millones en fondos ARRA para la Isla, de los cuales sólo se ha recibido hasta ahora el 7%, según reportó este diario recientemente, citando un informe del Gobierno federal.
Una costosa "herramienta"
"AFI está a cargo. CSA es una herramienta", aseguró Ortiz, quien a preguntas de EL VOCERO confirmó que el rol de la empresa en el programa de Estímulo Económico abarca lo que se conoce en términos de la burocracia federal como "desde la cuna al féretro". Esto quiere decir que tiene injerencia en todo el proceso de solicitar, obtener, subcontratar y fiscalizar el uso de estos dineros, tanto por el gobierno central como por los municipios.
En este abarcador esfuerzo, CSA dice en sus contratos que tiene trabajando 77 empleados con compensaciones que van desde $50 por hora para una ayudante administrativa, a $205 la hora para un "administrador de programa" como el ex director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Jorge L. Dávila. Una semana de labores a tiempo completo de cada uno de los varios administradores de programa ARRA de CSA equivalen al salario de unos tres meses de un maestro o de un policía.
Aún así, en entrevista con EL VOCERO, Ortiz negó que la actual administración haya pasado a manos privadas el manejo de una de las más importantes ayudas con las que cuenta la Isla para combatir la recesión. "Es una consolidación", insiste Ortiz, "no una privatización. Todas las agencias, excepto la Administración de Asuntos de Energía, están haciendo el manejo de sus propios fondos".
Pero, un examen de EL VOCERO de los varios acuerdos entre CSA y AFI, agencia que oficialmente se supone sea la encargada de administrar y fiscalizar los dineros del programa de estímulo económico federal, encontró abarcador es realmente el rol de la empresa, así como múltiples irregularidades que plagan los acuerdos oficiales.
Contratos de emergencia
Los problemas comienzan con la concesión retroactiva de un primer contrato "de emergencia" en junio del año pasado, cuando la firma supuestamente ya llevaba trabajando para AFI varios meses. Tal irregularidad es admitida por AFI como una falla, pero justificada como necesaria. "Los servicios obtenidos por AFI de CSA en aquel momento eran de emergencia por su naturaleza y necesitaban proveerse rápidamente. De lo contrario los fondos federales se hubiesen perdido. Dado que la Junta de Directores de AFI no pudo considerar y aprobar un contrato final por escrito, CSA proveyó sus servicios desde Marzo 13 al 25 de junio del 2009 a medida que se le fue requiriendo por AFI", reza la cuarta revisión del contrato. Esta enmienda tiene fecha del 20 de agosto de 2009.
La misma enmienda, simultáneamente, explica que el 12 de junio del año pasado ó poco más de dos semanas antes de que AFI firmara el primer acuerdo retroactivo ó el Secretario de Justicia había emitido una carta circular, la #2009ó004, "impidiendo que las agencias gubernamentales entraran en cualquier contrato retroactivo y requiriendo su registro en la Oficina del Contralor".
Pero, según AFI, la orden de Justicia dejó una claúsula de escape cuando estableció también guías para ejecutar acuerdos de pago por servicios rendidos sin que exista un contrato formal. De nuevo, AFI hizo hincapié en que la Isla habría perdido fondos ARRA de haber actuado como le requiere la ley y los reglamentos.
Lo que no se aclaró en ninguno de los contratos ni la entrevista con Ortiz es cual fue la razón de la supuesta emergencia, ya que la Ley ARRA estaba firmada por el Presidente Obama desde principios de febrero y aún antes de esa fecha se sabía que la Casa Blanca y el Congreso trabajaban en un programa de rescate económico.
De $14.1 millones a $28.4 millones y subiendo
Cuando se firma el primer contrato, el 2009-000335, AFI ya se había comprometido a pagarle a CSA $14.1 millones por sus servicios hasta el año 2011, cuando expira el Programa de Estímulo Económico. Esta suma ha ido aumentando, consistentemente, con las subsiguientes enmiendas y para enero de este año iba por $28.4 millones, de acuerdo con la séptima enmienda al contrato original.
La justificación de que se trataba de tareas de emergencia eliminó otro de los requisitos usuales con los que tienen que cumplir las agencias de gobierno o la celebración de una subasta pública para seleccionar al postor más bajo y mejor cualificado o al menos explorar varias opciones con el doble proceso de solicitar primero sus cualificaciones a una serie de empresas interesadas y luego, tras una eliminación preliminar, solicitarles propuestas específicas para escoger al contratista idóneo.
En este caso meramente la decisión se hizo basándose en la experiencia de los contratos previos. "La CSA ya estaba dentro de AFI", explicó Ortiz, haciendo referencia a que desde 1998 la compañía trabaja con AFI.
Otra característica peculiar de los contratos entre AFI y CSA es que establecen en su título que son por una "cantidad indefinida". Este término, sin embargo, es contrario a los requisitos establecidos por la Oficina del Contralor que exige que en todos los contratos del Gobierno se establezcan los deberes y cuantías antes de que el contratista comience a rendir sus servicios o a pagar por los mismos. De hecho, tras consultar con la división de legal del Contralor una portavoz de esa oficina le indicó a EL VOCERO que esta es la primera ocasión en que encuentran esta definición de "cantidad indefinida" en un contrato oficial.
Ortiz, sin embargo, insistió en que este es un arreglo común donde el Gobierno sabe que "voy a contratar y ya yo estipulé el costo por hora, pero no sé cuánto voy a necesitar las labores".
Happy hunting...
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